Antonio López, socio de Lawic, ponente en el Seminario de 2016 de AIE
En su intervención en la mesa redonda sobre el nuevo régimen tarifario de las entidades de gestión expuso su punto de vista sobre la normativa jurídica de aplicación, los antecedentes de la reforma, sus objetivos y las consecuencias del nuevo régimen legal de las tarifas.

Antonio López, socio de Lawic y especialista en materia de propiedad intelectual, fue invitado como ponente por AIE, la entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual de los artistas musicales, en el Seminario organizado por ésta y que tuvo lugar el pasado 30 de noviembre en su sede de Barcelona.

Compartió mesa con Raúl Rodríguez Porras (Secretario de la Sección 1ª de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes) y Carlos Pascual Pons (Socio responsable de Competition Economics de KPMG en España), participando como moderador de la misma Pedro Gómez Guirao (Director de Desarrollo de Negocio en AIE).

Antonio López repasó la normativa jurídica de aplicación al nuevo régimen tarifario de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, concretada en (i) la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril; (ii) el Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la composición, organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual; y (iii) la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

Hizo referencia a los antecedentes de la reforma legislativa, subrayando la importancia del Informe de la Comisión Nacional de Competencia de diciembre de 2009 sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, recordando el contexto histórico en que fue realizado; a este respecto, recordó que el sistema de gestión de derechos de propiedad intelectual vigente en España en el cual existe una sola entidad de gestión por categoría de derechos protegidos y titulares de los mismos garantiza la eficiencia y eficacia del sistema si, en vez de examinarlo exclusivamente aguas abajo (relación entre entidades de gestión y usuarios) se examina aguas arriba (relación entre las entidades de gestión y los titulares de derechos).

Según expuso, la acumulación de repertorio en una sola entidad por categoría de derechos permite, entre otras cosas, (i) la generación de economías de escala en la gestión de los derechos; (ii) la disminución de los costes de transacción o descuentos de administración; (iii) el que se hagan efectivos de una forma razonable los derechos de gestión colectiva obligatoria, muy especialmente en el ámbito de explotaciones masivas (como es el caso de la copia privada o la comunicación pública); y (iv) el equilibrio de fuerzas entre los titulares de derechos y los usuarios de los mismos, teniendo en cuenta que el poder real de negociación lo detentan estos últimos.

Las entidades de gestión, según dijo, son monopolios naturales cuya eficiencia está avalada por la mayoría de economistas que los han estudiado. De hecho, el sistema de gestión colectiva de derechos por entidades específicas es el generalmente practicado en el entorno de la Unión Europea.

También señaló, como antecedente de la reforma legal, determinadas sentencias dictadas a partir de febrero de 2009 por la Sala 1ª del Tribunal Supremo en materia de tarifas de entidades de gestión (SSTS 18-2-2009, 7-4-2009, 15-9-2010 y 13-12-2010), resaltando que lo que acreditan es que las tarifas generales establecidas unilateralmente por las entidades de gestión eran susceptibles de control, en lo que corresponde a su equitatividad, por los Juzgados y Tribunales del orden civil, es decir, los derechos de propiedad intelectual de carácter privado era controlado en el marco natural donde se dilucidan los derechos de propiedad en España que es ante la jurisdicción civil.

Como último antecedente, resaltó la moción del Congreso de los Diputados de 19-7-2011 en relación con los problemas de eficiencia y transparencia de las entidades de gestión, expresamente citado en la Exposición de motivos de la Ley 21/2014, recordando su contenido y el contexto histórico en que tuvo lugar. A este respecto, expuso su sorpresa por el hecho de que en el procedimiento judicial antecedente a dicha moción (que se instruye desde el año 2007 ante la Audiencia Nacional y que dio lugar en julio de 2011 a la entrada y registro de las sedes de la más importante entidad de gestión española) no exista una sola sentencia judicial sobre los hechos principales investigados, lo que no ha impedido que la sombra de la duda sobre las entidades de gestión se haya extendido en todos los órdenes y que, en cierta medida, la reforma operada por la Ley 21/2014 esté impregnada por este prejuicio.

A continuación, expuso resumidamente los objetivos de la reforma del régimen tarifario, concretándolos de acuerdo con la memoria de impacto normativo de la Ley 21/2014 en los siguientes:

  1. Mejorar la eficiencia y transparencia del sistema de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.
  2. Favorecer la negociación con los usuarios de prestaciones protegidas y simplificar a los mismos el acceso a su explotación.
  3. Reforzar las obligaciones de las entidades de gestión.
  4. Incrementar la libre competencia en el mercado de los derechos de propiedad intelectual para equilibrar la posición de las partes (usuarios de derechos y entidades de gestión) y evitar eventuales prácticas abusivas de las entidades de gestión.

Por último, hizo un resumen de las consecuencias del nuevo régimen legal de las tarifas de las entidades de gestión, haciendo hincapié en las varias cuestiones:

En primer lugar, en el grado máximo de intervención administrativa de los precios de los derechos de propiedad intelectual objeto de gestión colectiva, concretada en tres niveles:

  1. Se establecen legislativamente las condiciones y criterios que deben de tener las tarifas generales de las entidades de gestión (art. 157.1 b/ TRLPI).
  2. Se remite a una Orden Ministerial el establecimiento de la metodología para la determinación de las tarifas generales por las entidades de gestión (art. 157.1 b/TRLPI).
  3. La Sección 1ª de la Comisión de Propiedad Intelectual se constituye como órgano administrativo regulador de los precios de los derechos de propiedad intelectual, directamente mediante la función de determinación del importe de las tarifas para los derechos de gestión colectiva obligatoria y voluntaria concurrentes con los anteriores, e indirectamente mediante la función de control de las tarifas generales (art. 158 bis TRLPI).

En segundo lugar, en que el nuevo sistema legal propicia el surgimiento de tres tipos de tarifas de derechos de propiedad intelectual gestionados colectivamente:

  1. Tarifas generales, aprobadas unilateralmente por las entidades de gestión con arreglo a las condiciones y criterios del (art. 157.1 b) TRLPI y la Orden ECD/2574/2015.
  2. Tarifas negociadas, resultado del acuerdo entre usuarios y entidades de gestión respecto de derechos exclusivos que gestionen (art. 157.1 a/ TRLPI) y aquellas otras resultado del acuerdo entre asociaciones representativas de un sector de usuarios y entidades de gestión (art. 157.1 c/ TRLPI).
  3. Tarifas determinadas por la Sección 1ª de la Comisión de Propiedad Intelectual respecto de derechos de remuneración y de derechos exclusivos que concurran con los mismos (art. 158 bis 3 TRLPI y art. 24.2 Real Decreto 1023/2015).

La interrelación entre estos tres tipos de tarifas introduce una gran complejidad en el sistema puesto que mientras a las tarifas generales y a las tarifas determinadas por la Sección 1ª de la Comisión de Propiedad Intelectual se les aplican las condiciones y criterios del art. 157.1 b) TRLPI y de la Orden ECD/2574/2015, a las tarifas negociadas no se les aplican esas condiciones y criterios; a ello hay que añadir que las tarifas negociadas afectan directamente a las tarifas generales (criterio 6º del art. 157.1 b/TRLPI), con lo que el panorama se complica aún más.

Y en tercer y último lugar, en cuanto a los desafíos concretos del nuevo sistema tarifario, Antonio López se centró en los siguientes particulares:

  1. El ámbito objetivo de intervención de la Sección 1ª de la Comisión de Propiedad Intelectual en su función de determinación de tarifas. Sobre este particular, se inclinó a que la Sección 1ª de la Comisión de Propiedad Intelectual no fuera más allá de las funciones previstas en el art. 158 bis TRLPI y en el Real Decreto 1023/2015, de forma que cualquier cuestión que no tenga que ver con la estricta determinación de tarifas, así como aquellas que afecten a las características y naturaleza de los derechos objeto de tarificación, no son ni pueden ser objeto de decisión en la Sección 1ª de la Comisión de Propiedad Intelectual y deben de plantearse, en su caso y momento, ante los Juzgados y Tribunales del Orden jurisdiccional civil.
  2. El tratamiento por la Sección 1ª de la Comisión de Propiedad Intelectual de las tarifas preexistentes, al ser las mismas el punto de partida para el ejercicio de sus funciones de determinación y control. Sobre este asunto, apostó por una interpretación del art. 2.3 de la Orden ECD/2574/2015 en el sentido de que las tarifas preexistentes es uno de los parámetros de comparación, entre otros muchos, a los que se puede acudir para acreditar que las tarifas generales establecidas son adecuadas al justo equilibrio entre las partes, pero nunca de forma determinante. Sería errónea, además de perjudicial para los titulares y las entidades de gestión, una interpretación de este precepto que llevara a considerar que las tarifas preexistentes operan como límite máximo de las nuevas tarifas generales.
  3. La regulación de la terminación convencional del procedimiento de determinación de tarifas prevista en el art. 25 Real Decreto 1023/2015. Sobre este tema, se inclinó por interpretar que no es posible que, en el seno de un procedimiento de determinación de tarifas, se pueda alcanzar un acuerdo que implique una terminación convencional que establezca unas tarifas ajenas las condiciones y criterios del art. 157.1 b) TRLPI y la Orden ECD/2574/2015.

Por último, expresó su confianza en la imparcialidad y neutralidad de la Sección 1ª de la Comisión de Propiedad Intelectual y su esperanza en que, como órgano regulador del sector, establezca por fin las bases para que los titulares de derechos de propiedad intelectual obtengan un retorno equitativo y razonable por el uso de sus prestaciones que sirva para incentivar al sector cultural en España que genera actualmente más del 4% del producto interior bruto español y en el que España tiene una clara ventaja competitiva frente a otros países.