En su intervención, expuso sus ideas y reflexiones sobre asuntos de importancia para la protección de la propiedad intelectual en el debate político, las leyes y la mejora de los sistemas de gestión de derechos, los sistemas de precios, el control de las entidades de gestión por parte del Ministerio de Cultura, la competencia entre las distintas entidades de gestión y el futuro digital y la explotación en línea.

Organizado por el Instituto Ibercrea, se celebró en Madrid el segundo encuentro del ciclo de debates bajo el título Propiedad intelectual: la gestión colectiva. Esta iniciativa se viene desarrollando en relación con las bases de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que, según la entidad organizadora, es necesaria porque la protección de la propiedad intelectual y su regulación se desarrollan en un entorno económico, social y cultural muy distinto al que marcó la redacción de ley vigente, en el que la digitalización de las obras y la facilidad de copia han generado una costumbre de la gratuidad que se ha convertido en un freno real a la defensa de los autores y de la retribución de su trabajo, y en una peligrosa amenaza para la industria cultural.

La mesa de trabajo, que abordó con carácter específico y de manera más analítica la temática de la gestión colectiva, contó con la participación de expertos en propiedad intelectual, filósofos, abogados, representantes de la industria cultural, las entidades de gestión y los medios de comunicación. Presidida por José Andrés Mora, portavoz de la comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, en la mesa hubo representación al más alto nivel de entidades como AIE, SGAE, AGEDI, CEDRO, EGEDA, NERA, Grupo Prisa, así como reconocidos juristas especializados en la materia.

Antonio López, socio de Lawic, invitado a las sesiones de trabajo por el presidente de Ibecrea, Arcadi Espada, tuvo ocasión de plantear sus reflexiones en torno la problemática que afecta a la gestión colectiva. Se exponen a continuación de forma resumida las ideas que expuso a lo largo de su intervención.

  1. Sobre la reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual, resulta necesario concretar adecuadamente los problemas existentes en la materia y extraer del debate político la discusión de la reforma legal del sistema de gestión colectiva de derechos.
  2. Las reformas legislativas no siempre cumplen con la finalidad de mejora del sistema de protección de derechos, recordando que la anterior Ley de Propiedad Intelectual estuvo vigente más de 100 años (1879 a 1987). La actual lleva en vigor menos de 25 años.
  3. Sobre el objeto de gestión, existe la necesidad de diferenciar los sistemas de establecimiento de precios en derechos exclusivos (de autorizar o prohibir una determinada forma de explotación) y en derechos de simple remuneración (donde el titular gestionado no conserva esa facultad de autorizar o prohibir, sino una mera remuneración que normalmente debe de tener la condición de "equitativa"). En los primeros, el margen de discrecionalidad del titular o titulares debe de ser mayor en tanto corresponde fijar, a través de los órganos correspondientes de las entidades de gestión, el importe de la contraprestación a percibir por la cesión de sus derechos; en los segundos este margen debe ser menor en tanto, configurándose generalmente como de gestión colectiva obligatoria, el importe de la remuneración derivada de la "licencia legal" o "presunción de cesión" debe de quedar determinado dentro de los márgenes de efectividad de la propia remuneración que corresponde a las entidades de gestión y que tiene su base en la negociación con los usuarios.
  4. Sobre las cuestiones relacionadas con el repertorio de las entidades de gestión, la exigencia de acreditación del mismo solo debe de afectar a las tarifas o sistemas de precios de las entidades de gestión, sin que su legitimación deba de ser cuestionada. Esta exigencia debe de ser mayor en el caso de la gestión de derechos exclusivos y menor (o inexistente) en caso de derechos de remuneración. No tiene sentido exigir, en derechos de gestión colectiva obligatoria, otra acreditación del repertorio ajena a la acreditación del ámbito de protección en España de los titulares a que se refieran.
  5. Sobre los sistemas concretos de determinación de precios, la intervención administrativa debe de ser mayor en derechos de remuneración y menor en derechos exclusivos. Esa intervención implica la existencia de controles anteriores a la aplicación de las correspondientes tarifas generales o sistemas de precios a los usuarios, a efectos de testar su equidad y evitar, en todo caso, abusos de posición de dominio. También de esta manera se garantiza la transparencia del sistema.
  6. Debe de haber un mayor control de las entidades de gestión por la autoridad autorizante (Ministerio de Cultura), especialmente en lo que corresponde a las cantidades dedicadas a finalidades asistenciales y promocionales por la entidades de gestión, siempre sobre la base que la principal finalidad, y la razón de existencia, de las entidades de gestión es recaudar y repartir las cantidades a los titulares de las prestaciones protegidas objeto de explotación por terceros.
  7. La competencia entre diversas entidades de gestión de derechos respecto de las mismas categorías de titulares o derechos, no es positiva para la defensa de los derechos de propiedad intelectual objeto de gestión. Más bien todo lo contrario, en tanto las hace ineficientes y puede provocar distorsiones e inseguridad en el propio mercado, sin perjuicio del incremento de precios que traería consigo.
  8. El futuro digital y la explotación en línea apunta al incremento de derechos de simple remuneración en detrimento de los derechos exclusivos. Las entidades de gestión pueden (y deben) pasar a ser los operadores de referencia en el mercado sobre los que gire el futuro.